Bajo una investigación por la Dirección de investigaciones de delitos contra la propiedad automotor, realizada en una firma ubicada sobre la colectora norte del Acceso Oeste, a la altura del kilómetro 45, las autoridades constataron múltiples infracciones vinculadas a la comercialización de autopartes, trabajo no registrado y presunta contaminación ambiental. Tres personas quedaron involucradas en la causa.
En el marco de un importante megaoperativo de delitos contra la propiedad automotor desarrollado en General Rodríguez, efectivos policiales llevaron adelante una inspección en una empresa dedicada a la comercialización de autopartes ubicada sobre la colectora norte del Acceso Oeste, a la altura del kilómetro 45. Como resultado del procedimiento, se detectaron numerosas irregularidades que derivaron en actuaciones administrativas y judiciales.
La inspección se realizó bajo las normativas establecidas por la Ley Nacional N.º 25.761, que regula la actividad de los desarmaderos y el comercio legal de autopartes, junto con la Ley Provincial N.º 14.476 (RUDAC) y la Ley N.º 13.081 vinculada a talleres mecánicos.
Según informaron fuentes vinculadas al operativo, una de las principales infracciones constatadas fue la falta de trazabilidad de las autopartes almacenadas en el predio. Los inspectores determinaron que no existía documentación que permitiera conocer el origen de numerosos componentes, entre ellos cajas de cambio, alternadores, ópticas, burros de arranque, puertas y estéreos, lo que impide establecer de qué vehículos provenían.
Durante el procedimiento fueron relevados un total de 474 automóviles y 115 motocicletas, además de 20 vehículos desarmados. También se contabilizaron aproximadamente 300 alternadores, más de 150 ópticas, 280 burros de arranque, 90 estéreos y unas 250 puertas de automóviles, todas piezas cuya procedencia no pudo ser acreditada.
Entre los hallazgos que más llamaron la atención de los investigadores se encontró una puerta de vehículo que conservaba identificaciones y marcas de control pertenecientes al Municipio de General Pueyrredón, (Mar del Plata). El descubrimiento despertó interrogantes sobre el origen de algunas de las cientos de autopartes almacenadas en estos galpones.
Las autoridades también detectaron que el establecimiento carecía de habilitación municipal para desarrollar la actividad. A ello se sumó la constatación de irregularidades laborales: once trabajadores se encontraban empleados sin registrar y percibían salarios inferiores a los 400 mil pesos mensuales.
Otro de los aspectos que generó preocupación fue la situación ambiental del predio. Los inspectores tomaron muestras debido a la presencia de aceites y residuos derivados de la actividad mecánica que se encontraban en contacto directo con el suelo. Por este motivo se labraron actuaciones por posibles infracciones a las leyes ambientales provinciales N.º 11.720, 11.723 y 11.760.
La investigación también reveló que las operaciones comerciales se realizaban presuntamente fuera de los circuitos formales de facturación. Según trascendió, los pagos eran recibidos mediante transferencias a una cuenta de Mercado Pago, sin la correspondiente registración fiscal.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la causa involucra a tres personas: el ingeniero Ariel Canteli y dos asociados, quienes aparecen como los principales responsables de la actividad investigada. La Justicia analiza la posible comisión de delitos vinculados al encubrimiento con fines de lucro, además de las infracciones administrativas detectadas durante el operativo.
Se trataría de un delito de carácter excarcelable, aunque la situación procesal de los acusados dependerá de la evolución de la causa y de las pruebas reunidas por los investigadores.
En el marco de la investigación se podría arrojar más detalles sobre el origen de las autopartes secuestradas y el funcionamiento de esta empresa que lleva 40 años en el rubro automotor.