En una entrevista reveladora, en el magazine ¿Que paso esta semana ? con la conducción de Francisco Cirigliano, Ariel Martínez el ex concejal pero un personaje muy importante dentro del marco politico, denuncia la inacción del Ejecutivo local, el uso irregular de recursos de seguridad y la parálisis de un Concejo Deliberante que, según afirma, funciona bajo la suma del poder público del intendente Mauro García.
La realidad política de General Rodríguez no se explica hoy por el debate, sino por la aritmética del sometimiento. En el Honorable Concejo Deliberante (HCD), la asimetría de poder no es solo numérica; es el síntoma de una parálisis democrática deliberada. Con una mayoría oficialista de 11 concejales propios sumados a un unibloque satélite, el intendente Mauro García ha consolidado un dominio que deja al bloque opositor el interbloque de la Alianza de La Libertad Avanza y Compromiso por General Rodríguez, liderado por el ingeniero Darío Kubar, en una resistencia de apenas ocho voluntades.
Esta «suma del poder público» ha transformado al recinto en un engranaje administrativo que solo gira cuando el Ejecutivo lo necesita. Proyectos opositores que logran sortear el bloqueo terminan en el limbo de la falta de implementación, una táctica que Martínez describe con la crudeza de quien conoce los pasillos oficiales: «El oficialismo hace y deshace a su antojo». Esta hegemonía no solo erosiona la calidad institucional, sino que pavimenta el camino para experimentos de gestión que bordean la ilegalidad, especialmente en el área más sensible para el vecino: la seguridad.
La creación de una nueva fuerza local mediante un sistema de becas para jóvenes ha encendido las alarmas institucionales. Martínez no duda en calificar este cuerpo como un «engendro extraño»: personal municipal uniformado pero desprovisto de competencia policial, sin formación profesional, sin chalecos antibalas y movilizándose en vehículos que carecen de blindaje. El riesgo es doble: para el vecino, que se confunde ante una autoridad de cartón, y para el propio agente, expuesto a la saña de la criminalidad real sin las herramientas mínimas de defensa.
La gravedad del asunto escala al plano legislativo. Para intentar otorgar transparencia a este despliegue, la oposición forzó la creación de una Comisión de Seguimiento que nunca fue constituida. «Les importa tres belines», expreso Martínez, denunciando que el Ejecutivo avanza sin control alguno. En este contexto, la postura de la concejal oficialista Ana Mottino resulta inquietante para el Estado de Derecho local: su argumento de que una ordenanza mantiene su validez aun cuando sus mecanismos de control son ignorados establece un precedente peligroso. Si el control del HCD es opcional, la fuerza de seguridad deja de ser una institución pública para parecerse, en palabras de Martínez, a una «policía privada del intendente».
Martínez recuerda con ironía las «carpitas rojas» de campañas pasadas y las aplicaciones móviles de «doctores que buscaban fama» que dejaron de funcionar tras las elecciones. refiriendose al candidato a intendente Dr. Miguel Puentes.
Hoy, la simulación se traduce en ruido:
» Patrulleros recorriendo el centro con sirenas encendidas sin emergencia alguna «
Esta táctica de «gastarse la nafta y la sirena» busca generar una sensación de presencia que se desmorona ante los datos de la realidad. Mientras la «puesta en escena» aturde el casco urbano, en los barrios y en la zona sur el delito no da tregua. El contraste es obsceno: sirenas vacías de operatividad frente al aumento sostenido del robo de bicicletas y los asaltos a viviendas. Para Martínez, no hay una estrategia criminalística, sino una directiva política de marketing nocturno.
El desprecio por la labor legislativa ha llegado al punto de la parálisis administrativa total. Un caso paradigmático es la comisión destinada a revisar el andamiaje impositivo local. A pesar de haber sido aprobada por unanimidad y promulgada por el propio intendente, el expediente duerme en un cajón porque el Ejecutivo se niega a designar a sus miembros. Es el arte de decir que sí en el recinto para luego bloquear en los hechos.
Este conflicto de poderes se traslada a la calle con el drama del tránsito pesado. El vecino Nelson Torchia ha aportado pruebas contundentes videos y fotos. sobre el impacto de los camiones de gran porte en la Avenida 25 de Mayo, afectando escuelas y hospitales. Sin embargo, aunque el HCD ordenó desvíos y controles, el Ejecutivo simplemente decidió no ejecutar la norma. El resultado es un Concejo «virtualmente cerrado» que solo se activa para las necesidades urgentes del intendente.
La inestabilidad interna del gabinete municipal expone una falta de conducción que Martínez señala con precisión. El reciente episodio donde el intendente pidió renuncias masivas para luego aceptarlas de manera selectiva fue calificado como un «teatro administrativo», una muestra de debilidad de quien no se atreve a remover a un funcionario por decreto y prefiere el simulacro de la renuncia voluntaria.
Pero es el caso del concejal oficialista Tarragona el que mejor ilustra el desorden reinante. El bloque opositor observa con estupor un proceso judicial que Martínez tilda de «desastre». El denunciante, un supuesto «experto en seguridad» del riñón municipal, terminó presentando ante la justicia lo que el concejal describe como una «tomada de pelo»: sobres con papeles en blanco o simples «papelitos de colores» sin valor probatorio. La gravedad del caso se oscurece con detalles de tinte mafioso: el propio denunciante sufrió disparos contra su casa y recibió notas de amenaza. Este escenario de «papa caliente» judicial no solo deja un sabor amargo, sino que confirma el colapso de la gestión de seguridad en el entorno de García.
El crecimiento desordenado de la post-pandemia ha dejado cicatrices territoriales en General Rodríguez. Loteos irregulares y barrios como El Terraplén Don Eugenio, Trepinos o Yatay, especialmente sobre la Ruta 24, representan hoy un foco de conflicto. Martínez separa las aguas: por un lado, un Estado que incumple su deber de relevamiento y ordenamiento; por el otro, privados que firman «contratos flojitos» y venden espejitos de colores a familias de buena fe. «Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía», advierte Martínez, instando a los vecinos a asesorarse antes de caer en estafas de infraestructura inexistente.
El cierre de esta radiografía es político y contundente. Para Ariel Martínez, los ocho años de gestión de Mauro García representan un proceso agotado que ha derivado en un «desgobierno».