El pasado Viernes 16 de enero, Miguel Puentes se presentó en la Fiscalía de General Rodríguez para ratificar y ampliar una denuncia penal previamente iniciada, en el marco de una Instrucción Penal Preparatoria que investiga presuntas irregularidades administrativas dentro del Municipio.
En diálogo con la prensa, Miguel Puentes explicó que su comparecencia ante la Fiscalía de General Rodríguez respondió a un paso procesal clave dentro de una Instrucción Penal Preparatoria iniciada a partir de una denuncia presentada por él mismo.
Puentes detalló que la denuncia apunta a presuntas decisiones administrativas que habrían permitido la existencia de un empleado municipal que cobraba sin asistir a trabajar durante aproximadamente un año, situación que, según afirmó, desconocía mientras ejercía funciones en el área correspondiente.
“Más que una cuestión de denuncia, esto es un acto de defensa y una obligación. Se le pagó a alguien que no trabajaba y luego se lo designó en un cargo de director de planta permanente”, sostuvo.
El denunciante explicó que la presentación judicial incluye testigos y una serie de peticiones formales, entre ellas la citación para ratificar y ampliar la denuncia, instancia que se concretó este martes. A partir de ahora, indicó, la Fiscalía deberá convocar a los testigos, solicitar información al Municipio y reunir la documentación necesaria para determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia un juicio.
Consultado sobre si la denuncia también alcanza al concurso mediante el cual el empleado habría accedido a un cargo jerárquico, Puentes afirmó que sí, al considerar que se trataría de un “delito continuado”, dado que el presunto perjuicio al Estado municipal se mantiene en el tiempo y continúa en la actualidad.
Asimismo, cuestionó la validez administrativa del concurso, señalando que el involucrado no cumpliría con los requisitos mínimos de antigüedad para acceder a ese tipo de designaciones.
Puentes también expresó que existen otros concursos dentro del Municipio que, si bien no presentarían irregularidades tan evidentes, resultan “altamente cuestionables desde lo moral”, al entender que responderían a decisiones políticas orientadas a garantizar permanencia laboral a funcionarios del actual gobierno.
Respecto a los pasos a seguir, indicó que el fiscal interviniente se mostró predispuesto a darle celeridad a la causa y remarcó que, independientemente del contexto político, toda denuncia debe ser investigada para determinar si configura un delito y quiénes serían sus responsables.
Finalmente, Puentes adelantó que continúa trabajando en otras presentaciones judiciales vinculadas al funcionamiento del área de Justicia municipal y sostuvo que es necesario “poner límites” ante lo que calificó como un deterioro institucional, remarcando la importancia de que la Justicia actúe con independencia y transparencia.