Tras la Declaración de Nauru, adoptada el 25 de julio de 2024, en marzo de 2025, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución A/RES/79/266, por la que se proclama el 25 de julio como Día Internacional para el Bienestar Judicial. En “A contramundo” conversamos sobre este tema con el Dr. Luis María Cabral, destacado profesional del derecho con más de medio siglo de ejercicio de la profesión, que ha integrado el Consejo de la Magistratura y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, entre otros organismos.
AC: ¿Cómo ves esta instancia referida al sistema judicial? ¿Tiene algo que ver con la situación del Poder Judicial en la Argentina?
LMC: El tema del bienestar judicial tiene que ser visto desde el punto de vista no desde el bienestar de los jueces sino del bienestar de los justiciables. Los jueces obviamente necesitan determinada protección para poder cumplir sus funciones y esa protección están obligados a otorgarla los poderes políticos para que los jueces puedan actuar independiente e imparcialmente, asegurarles esto. Esa es una garantía no de los jueces sino de los justiciables, los que van a recibir la protección y el aseguramiento del ejercicio de sus derechos por parte de los jueces, que esa es la función que tienen ellos: asegurarle a los individuos poder ejercer libremente sus derechos. En este sentido, así debe ser visto el tema del bienestar judicial.
AC: Hay un tema que debe tener incidencia en todo esto, que es el desgaste emocional que puede tener un magistrado, independientemente del fuero. ¿Hay un desgaste emocional en el ejercicio de la magistratura?
LMC: Sin duda alguna, diría que lo hay doblemente, en dos aspectos. Uno, el más importante de los desgastes emocionales del juez, es no lograr otorgar y asegurar plenamente los derechos de los justiciables, eso muchas veces no se logra y esto implica un enorme desgaste emocional. El otro aspecto que provoca un gran desgaste emocional en los jueces, es la presión de los poderosos de todo orden: económico, financiero, de los que dominan la opinión pública a través de medios, y por supuesto, de los poderes fácticos y los poderes políticos. Estos dos aspectos crean grandes dificultades emocionales. Hay algunos fueros en los cuales se sufre de una manera mayor, diría que especialmente los fueros de familia, que conviven en lo cotidiano con las necesidades mediatas de familias, de niños, en situaciones que no son del pasado sino que deben ser resueltas en el hoy, y muchos temas penales, que tienen que ver ya no solamente con la afectación de derechos individuales, sino muchas veces masivos, porque el peso en la investigación de ciertos tipos de delitos cometidos no sobre alguna persona en especial sino sobre todo un conjunto, adquiere un peso emocional muy especial, mucho mayor.
AC: Hay una cuestión que tiene que ver con esto también, cuando los integrantes del Poder Judicial no tienen no solo la suficiente protección sino la garantía para ejercer su función. Por ejemplo, lo que está pasando en Haití, donde el Poder Judicial prácticamente es un rehén de las bandas armadas de delincuentes. ¿Cómo puede sentirse un funcionario, un magistrado, frente a esa circunstancia y que no pueda remediarla o corregirla?
LMC: Eso es justamente el fracaso del sistema judicial, cuando no hay la debida protección de los poderes políticos, el Poder Judicial no puede actuar con independencia, imparcialidad ni eficacia, porque le es negada la fuerza que tienen los otros poderes del Estado, y cuando además está sometido, como pasa en algunos países, a bandas que tienen más poder que la sociedad y el propio Estado, esto se agrava. Allí es imaginable que el juez no puede cumplir esa función que tiene de asegurarle a cada uno el ejercicio pleno de sus derechos, y acceder a ellos. El ejemplo, por lo demás, de Nauru, un pequeño país de Oceanía en el cual se realizó la conferencia a la que haces mención, efectivamente es una situación dramática de hecho.
AC: La Declaración de Nauru da siete recomendaciones a los poderes judiciales nacionales para mejorar la Justicia, y en el primero de ellos dice “es esencial para garantizar un sistema judicial justo y eficaz. ¿En la Argentina tenemos un sistema judicial justo y eficaz?
LMC: Aceptar que lo que tenemos es todo lo buenos que debemos tener es renunciar a tener una mejor diligencia, tenemos que aspirar a mucho más. El Poder Judicial argentino en su conjunto y en su mayoría es de gran nivel, reconocido en el mundo en ese sentido, sin perjuicio de que existen, efectivamente, enormes objeciones y bolsones sobre las presiones políticas existentes en algunos de esos fueros, y no solamente políticas sino de poderes materiales, y esto es algo que debe medirse concretamente en cada caso, y aspirar a darle las soluciones que requiere, el mejoramiento correspondiente para asegurar que las personas que ejercen la función, por un lado tengan la capacidad, idoneidad, y las condiciones para poderlo llevar adelante. Por condiciones me refiero a que no existe un Poder Judicial que pueda ser justo, independiente, que pueda actuar con imparcialidad, si no hay una coordinación adecuada de los poderes políticos para que se poder pueda efectivamente cumplir su función. Esto no depende exclusivamente de los jueces, sino que depende de las instituciones de la república.
Por Jorge Aníbal Cela