La reciente sesión legislativa estuvo atravesada por un duro cruce de posiciones en torno a la seguridad. Agustín Rossi reclamó avanzar con su proyecto y cuestionó la falta de coordinación con la Provincia; Ana Mottino apuntó al «desfinanciamiento» nacional y al impacto social de la crisis; mientras que Darío Kubar puso el foco en los recursos y la infraestructura recibida de gestiones anteriores. Diego Monte, por su parte, cuestionó a Manuel Adorni, reafirmó su postura ideológica y, al referirse a la mirada que existe sobre los peronistas, sostuvo: “Somos una bolsa de gatos que nos reproducimos”.
La reciente sesión legislativa se transformó en un descarnado escenario de confrontación, donde la seguridad pública dejó de ser una preocupación técnica para consolidarse como el principal eje de fractura partidaria. En un recinto marcado por la tensión, el debate evidenció cómo la gestión de la violencia y el delito se ha convertido en una herramienta de disputa estratégica, donde cada bloque intenta delimitar o desviar las competencias gubernamentales ante una demanda social que no admite dilaciones, convirtiendo el recinto en un teatro de operaciones políticas.
La definición de competencias es el punto neurálgico de este conflicto: mientras la Provincia de Buenos Aires detenta el mando policial, el Municipio actúa como el primer mostrador de articulación y prevención. Esta distinción técnica funciona como el campo de batalla donde se dirimen las culpas cuando los índices de criminalidad ascienden, permitiendo que los actores políticos oscilen entre la exigencia de autonomía y el refugio en la jerarquía provincial.
En su intervención, Agustín Rossi manifestó una profunda frustración ante el hecho de que el cuerpo legislativo no abordó «en absoluto» su propuesta técnica. Cuestionó la falta de voluntad política para colaborar con el Ministro Javier Alonso en un «combate sistemático» contra el delito. Rossi fue enfático al señalar que, si bien la «responsabilidad de la provincia de Buenos Aires es del gobernador», esto de ninguna manera «quita la responsabilidades también a la gestión García», a quien señaló como pieza clave para coordinar operativamente con el Ministerio de Seguridad y frenar la crisis.
«Me parece que está muy mal cuando confunden y nuevamente confunden dentro de la misma sesión…»
Rossi cerró su alocución lamentando que el debate se perdiera en digresiones nacionales, ignorando cada punto de su proyecto. Esta demanda de acción inmediata, sin embargo, encontró un muro en la interpretación del contexto social que planteó la bancada oficialista, priorizando la macroeconomía sobre la logística policial.
La retórica de Ana Mottino buscó desplazar el eje de la gestión local hacia un análisis del impacto sistémico de las políticas nacionales. Su estrategia consistió en enmarcar la inseguridad no como una falla administrativa, sino como la consecuencia inevitable de un tejido social que se desgarra bajo la presión del ajuste, vinculando directamente la falta de recursos con la erosión de los derechos ciudadanos.
La concejal fustigó la insularidad de la oposición y denunció el «desfinanciamiento» del gobierno central como un «cuello de botella» que asfixia a los municipios. Mottino contrastó de forma mordaz la visión de quienes «viven en un country» y poseen «mercadito», «salita» y servicios privados, frente a la cruda realidad de los barrios donde la gente busca comida en la basura para subsistir. Con verbos de acción punzantes, la edil cuestionó la legitimidad de quienes legislan sin «visión completa» del territorio.
Entre sus principales planteos se destacaron:
- Desfinanciamiento Nacional: Denunció una maniobra sistémica para socavar los recursos destinados a la protección social desde el inicio de la gestión actual.
- Crisis de Subsistencia: Vinculó la inseguridad con el hambre, relatando la realidad de los vecinos que hoy se ven obligados a buscar alimento en los desperdicios.
- La Visión del «Territorio»: Contrastó la seguridad privada de los barrios cerrados con la desprotección de quienes hacen fila para ir a trabajar en la precariedad.
Esta visión de carencia sirvió para justificar la inacción en inversiones locales, pero fue rápidamente contestada por un reclamo de infraestructura y equipamiento que exigía cuentas sobre el pasado inmediato.
La rendición de cuentas sobre activos físicos constituye una herramienta de confrontación letal en el discurso político, ya que permite contrastar la narrativa de gestión con la evidencia tangible de las calles. Para Darío Kubar, la crisis actual es el resultado de una gestión previa que, a pesar de contar con fondos directos, falló en materializar el equipamiento prometido, dejando al distrito en un estado de vulnerabilidad estructural.
Kubar cuestionó duramente la administración de fondos durante el gobierno de Alberto Fernández y la comparó con la herencia de la gestión de Vidal, subrayando que las únicas ambulancias operativas son las que dejó el SAME años atrás. Con un tono cargado de sospecha, ejecutó una serie de preguntas retóricas que elevaron la temperatura del recinto, escalando sus cálculos hacia un volumen de recursos que, según su análisis, hoy brilla por su ausencia.
- 200.000 patrulleros: Volumen inicial cuestionado, que Kubar escaló a 350.000 unidades proyectadas para todo el periodo.
- 1.500 ambulancias: Equipamiento sanitario que el edil reclamó como inexistente en la renovación de flota actual.
- 50.000 escuelas: Infraestructura educativa que, según su visión, podría haberse financiado con los fondos gestionados hasta diciembre de 2023.
Kubar denunció una «falta de compromiso» por parte del oficialismo para exigir lo que corresponde y fue tajante: «¿Alguien vio los 200,000 patrulleros? ¿Alguien las vio?», preguntó refiriéndose a las ambulancias, instando a sus pares a dejar de culpar exclusivamente a Milei y hacerse cargo de la inacción durante la etapa de Fernández y Kicillof.
En ese contexto, Diego Monte también se refirió a la mirada que, según sostuvo, existe sobre el peronismo y utilizó una particular expresión para describirla: “Somos una bolsa de gatos que nos reproducimos”. La frase surgió al analizar la percepción que tiene parte de la sociedad sobre los dirigentes peronistas, luego de sus críticas a Manuel Adorni, y en el marco de una reafirmación de su postura ideológica y política.
El debate analizado deja en evidencia un estancamiento que trasciende lo administrativo para instalarse en la primacía del relato. La seguridad ha dejado de ser un objetivo de política pública coordinada para convertirse en una víctima del fuego cruzado entre jurisdicciones. Mientras la ciudadanía demanda respuestas, el cuerpo legislativo se encuentra atrapado en una disputa de herencias y culpas compartidas que erosiona la gobernabilidad del distrito.
El conflicto se encuentra en un punto de stasis operativa: la imposibilidad de acordar soluciones técnicas como el proyecto impulsado por Rossi frente a la preeminencia de una disputa política de escala nacional (Milei vs. Fernández/Kicillof). Mientras la técnica legislativa siga siendo sacrificada en el altar de la conveniencia partidaria, los patrulleros y las soluciones seguirán siendo, como denunció la oposición, activos invisibles en la realidad cotidiana de los vecinos.